RIGI y desarrollo minero: ¿El futuro de San Juan?
La reciente sanción de la Ley Provincial N.º 2827-M constituye uno de los cambios regulatorios más relevantes para la actividad minera sanjuanina de los últimos años. Aunque aún resta su promulgación y reglamentación, la norma anticipa un cambio de paradigma: la Provincia deja de limitarse a promover la minería como actividad extractiva y comienza a regular de manera integral la forma en que las inversiones deberán vincularse con el empleo, los proveedores locales y el desarrollo territorial.
La oportunidad política y económica no es casual.
Argentina acaba de incorporar, mediante la Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), probablemente el esquema de promoción de inversiones más importante de las últimas décadas. San Juan, como una de las principales jurisdicciones mineras del país, será uno de los principales escenarios donde ambos regímenes deberán convivir.
La pregunta jurídica ya no es si habrá inversiones.
La verdadera discusión consiste en determinar cómo esas inversiones generarán desarrollo local sin afectar la seguridad jurídica que exige el capital internacional.
Una ley diseñada para transformar la economía provincial
La Ley 2827-M no establece cupos obligatorios de contratación automática ni reservas absolutas de mercado.
Su diseño es considerablemente más sofisticado.
La norma exige que cada empresa minera elabore un Plan de Desarrollo de Empleo Local y un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales, fijando objetivos progresivos, verificables y medibles, con actualización periódica y mecanismos de auditoría estatal.
Como metas de referencia, la ley propone alcanzar durante la ejecución de los proyectos:
• 80 % de trabajadores locales.
• 60 % de compras y contrataciones con proveedores locales.
Sin embargo, esos porcentajes no funcionan como obligaciones rígidas e incondicionadas.
La propia ley admite excepciones cuando no exista oferta local suficiente por razones de calidad, capacidad técnica, disponibilidad o precio de mercado, siempre que tales circunstancias sean debidamente justificadas.
Esta previsión resulta fundamental.
Demuestra que el objetivo no consiste en imponer barreras artificiales a la inversión sino en construir capacidades productivas locales que permitan competir en igualdad de condiciones.
El verdadero cambio: pasar de la asistencia al desarrollo competitivo
Quizás el aspecto más innovador de la ley no sea la fijación de porcentajes.
El verdadero cambio radica en que obliga a planificar el desarrollo económico de las comunidades de influencia minera.
La creación del Registro Provincial de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.), los programas de capacitación, las plataformas de información, los mecanismos de trazabilidad y los incentivos para certificaciones de calidad revelan una política pública orientada a profesionalizar el entramado empresario sanjuanino.
En otras palabras, la ley intenta sustituir el antiguo concepto de "preferencia local" por otro mucho más moderno: competitividad local.
No alcanza con ser una empresa radicada en San Juan.
Será necesario demostrar capacidad técnica, calidad, cumplimiento tributario, solvencia operativa, trazabilidad y estándares compatibles con las exigencias internacionales de la minería.
La convivencia con el RIGI
Desde el punto de vista jurídico, la cuestión más interesante consiste en analizar cómo convivirá esta normativa provincial con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
El RIGI fue concebido para garantizar estabilidad normativa, previsibilidad regulatoria y libertad económica a proyectos de gran escala.
La ley provincial persigue un objetivo diferente: que una parte del impacto económico de esas inversiones permanezca en San Juan mediante empleo, proveedores, capacitación e industrialización.
Ambos objetivos pueden resultar complementarios si la reglamentación logra equilibrar el desarrollo local con la seguridad jurídica.
Una reglamentación decisiva
El verdadero éxito de esta ley dependerá del contenido de su reglamentación.
Será allí donde deberán definirse cuestiones esenciales como el cálculo de los porcentajes, las causales de excepción, los criterios de control, el funcionamiento de las auditorías y los incentivos para quienes superen los objetivos establecidos.
Encontrar ese equilibrio será probablemente el mayor desafío institucional.
La oportunidad para las empresas sanjuaninas
Existe un mensaje especialmente importante para el sector privado:
- Esta ley no garantiza contratos.
- Garantiza oportunidades.
Los proveedores locales deberán prepararse para competir incorporando mejores procesos de gestión, certificaciones de calidad, estándares internacionales, fortalecimiento financiero y mayor capacidad operativa.
La competitividad ya no dependerá únicamente del precio.
También dependerá de la capacidad técnica, la trazabilidad, la seguridad, la sustentabilidad y la confiabilidad empresarial.
Mirando hacia adelante
San Juan se encuentra frente a una oportunidad histórica.
Los proyectos Josemaría, Filo del Sol, Los Azules, El Pachón, Altar, Hualilán y otros emprendimientos configuran uno de los mayores ciclos de inversión minera de América Latina.
Si la Ley 2827-M logra articular adecuadamente el desarrollo de proveedores locales con las garantías nacionales del RIGI, la provincia podrá convertir un ciclo extraordinario de inversiones en un proceso sostenible de transformación económica.
El desafío ya no consiste únicamente en extraer minerales.
Consiste en construir empresas, generar empleo calificado, desarrollar tecnología, fortalecer cadenas de valor y transformar la riqueza geológica en desarrollo económico permanente. Ese será, probablemente, el verdadero legado que esta ley pretende dejar para San Juan.