Locura en Europa: Restringen el mercado inmobiliario

La Unión Europea impone a los ciudadanos de a pie políticas que los perjudicarán gravemente, con la idea de cumplir con la agenda 2030. 

Un Futuro sin Opciones 

La orden principal es clara: todos los inmuebles deberán ser más eficientes energéticamente. Las consecuencias serán un inmediato aumento en el precio de los inmuebles y de los alquileres, lo que afectará directamente a los sectores de bajos ingresos, mientras que en países cómo España, utilizan una vieja receta argentina para mitigar los efectos en el corto plazo: emisión monetaria.

Para vender o alquilar cada propiedad en Europa debe tener un Certificado de Eficiencia Energética (CEE), calificando su consumo de la "A" (más eficiente) a la "G" (menos eficiente). Hasta ahora, solo era un dato informativo, pero eso está por cambiar radicalmente.

A partir de 2030, cualquier vivienda que se quiera vender o alquilar en la UE deberá tener, como mínimo, una calificación "E". Y la vara subirá aún más en 2033, cuando la exigencia será una calificación "D".

¿Qué significa esto? Que millones de propiedades, especialmente las más antiguas y menos preparadas, quedarán directamente fuera del mercado si sus dueños no invierten en costosas reformas.

En el caso de los alquileres el inquilino, será siempre el gran perjudicado: Si un propietario tiene un inmueble con calificación "F" o "G" (la mayoría en Europa), tendrá que hacer obras mayores –cambiar ventanas, mejorar el aislamiento, modernizar la calefacción– para poder seguir alquilándolo.

La preocupación es evidente: ¿Quién absorberá esos costos? Lo más probable es que una parte sustancial de esta inversión se traslade directamente al precio de los alquileres.

Los inquilinos, que ya luchan por llegar a fin de mes en muchas ciudades europeas, podrían ver cómo sus presupuestos se estiran aún más para financiar una "transición verde" que no pidieron. Es una imposición que, para muchos, se sentirá como una nueva carga en sus espaldas.

Menos Libertad, Más Obligaciones.

Esta normativa, impulsada por una agenda que busca "salvar el planeta", paradójicamente, podría socavar la libertad individual. Los propietarios dejarán de ser completamente libres para decidir sobre sus propios bienes.

Si no cumplen con los estándares energéticos, su propiedad se volverá un activo "tóxico", difícil de vender o imposible de alquilar. No es una sugerencia, es una imposición con fecha límite.

Para aquellos que deseen comprar, las opciones se reducirán. Las propiedades más baratas, a menudo las menos eficientes, requerirán una inversión adicional considerable, haciendo que el acceso a la vivienda sea aún más difícil.

En un mercado ya demasiado complejo, esta "purga" de inmuebles ineficientes podría reducir la oferta disponible, empujando los precios al alza, especialmente para aquellas propiedades que sí cumplan los estándares.

Mientras se busca un futuro "más verde", la pregunta que resuena es si este camino no estará sacrificando la autonomía y el bienestar económico de muchos europeos, convirtiendo la tan anhelada sostenibilidad en una nueva carga impuesta desde arriba. Es una lección importante a observar, incluso desde nuestro país.

La Argentina ¿Un ejemplo?

Actualmente se impulsa un proyecto de ley para desregular el mercado inmobiliario por completo, incluso poniendo en jaque la validez de los colegios inmobiliarios. La intención es que cualquier agente con la capacidad de vender, lo haga, dejando de lado la competencia de los colegiados que actúan como instituciones paraestatales. 

La consecuencia de esta medida en un mercado libre es la competencia por vender y alquilar a un mejor precio, bajo la premisa de ofrecer un mejor producto o servicio a un mejor precio. En cualquier caso, la Argentina se aventura a lo desconocido, sólo el tiempo dirá si es el camino a seguir.