¿Argentina pierde el 51% de YPF?

Un duro golpe judicial ha sacudido a Argentina: una jueza de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital y otros acreedores, como parte del pago de la multimillonaria sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. Esta decisión, que ya está generando un fuerte impacto económico y político en el país, es el punto cúlmine de una saga judicial que se originó en la controvertida gestión de Axel Kicillof durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La orden de la jueza Preska se enmarca en una demanda por la cual el Estado argentino ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones. La medida, aunque aún sujeta a instancias de apelación, representa un giro drástico en la causa y plantea serias interrogantes sobre la capacidad de Argentina para manejar sus activos soberanos en el ámbito internacional.

El camino que llevó a esta situación se remonta a la nacionalización de YPF, una decisión impulsada por el entonces Viceministro de Economía, y posteriormente Ministro, Axel Kicillof, quien desempeñó un papel central en la expropiación.

• 1999: Repsol adquiere una participación mayoritaria en YPF, privatizada en 1993.

• 2008: El Grupo Eskenazi adquiere el 25% de las acciones de YPF, supuestamente financiando la operación con las propias utilidades de la empresa.

• Abril de 2012: El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como figura clave, anuncia la intervención de YPF y, posteriormente, envía al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de la petrolera que estaban en manos de Repsol. La justificación oficial fue la necesidad de revertir la declive en la producción de hidrocarburos y asegurar el autoabastecimiento energético.

• Mayo de 2012: El Congreso aprueba la ley de expropiación. En ese momento, Kicillof, en su exposición ante el Congreso, afirmó: "No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF". Esta declaración, cargada de polémica, sentó las bases para el futuro litigio. El estatuto de YPF, presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993, establecía que, en caso de cambio de control mayoritario, los accionistas minoritarios tenían derecho a vender su parte al mismo precio a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA). El gobierno argentino, bajo la dirección de Kicillof, se negó a realizar dicha oferta.

• Noviembre de 2013: Tras intensas negociaciones, se llega a un acuerdo con Repsol por el cual Argentina se compromete a pagar alrededor de USD 5.000 millones en bonos a 10 años por el 51% de las acciones.

• Años siguientes: Varios fondos de inversión, entre ellos Burford Capital, adquieren los derechos de litigio de los accionistas minoritarios que se vieron afectados por la expropiación sin una OPA.

• Marzo de 2023: La jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York falla a favor de los fondos litigantes, determinando que Argentina debió haber lanzado una OPA sobre el total de las acciones de YPF. La condena inicial supera los USD 16.000 millones, con intereses que acumulan USD 2.5 millones diarios.

• Enero de 2024: La jueza Preska declara que la sentencia es de cobro inmediato, ya que Argentina no logró depositar una garantía para cubrir el monto durante el proceso de apelación.

•  30 de junio de 2025: La jueza Preska ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para satisfacer parte del juicio.

La Mala Gestión de Kicillof: Una Expropiación con Costos Millonarios

La decisión de Axel Kicillof de expropiar YPF sin respetar los estatutos de la compañía y sin realizar la OPA correspondiente ha sido consistentemente señalada como el origen del multimillonario juicio en Estados Unidos. Su postura desafiante y su negativa a acatar las normas establecidas para la compañía en los mercados internacionales generaron una incertidumbre legal que hoy se traduce en una de las sentencias más costosas en la historia judicial argentina.

Si bien la nacionalización de YPF fue presentada en su momento como un acto de "soberanía hidrocarburífera", los métodos utilizados por la gestión de Kicillof no solo ahuyentaron la inversión extranjera, sino que también expusieron al Estado argentino a un riesgo legal que finalmente se materializó. El precio de esa "soberanía" mal ejecutada se mide hoy en miles de millones de dólares, y en la posible pérdida de un activo estratégico como es el control mayoritario de YPF. La apelación del gobierno argentino es la última esperanza para revertir esta situación, pero el camino se presenta empinado y con consecuencias de largo alcance para las finanzas del país.